martes, 30 de octubre de 2007

Discurso

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Vía Pública en Orden dijo...

Los suscritos diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en los respectivos ordenamientos legales, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa de Ley que regula el comercio y otros aprovechamientos sobre bienes de uso común en el Distrito Federal.
Partimos del principio de que en esta Ciudad, muchos hacen negocio con los bienes públicos, lo más evidente de esta fenómeno lo vemos en las calles y avenidas de la Ciudad, en parques y plazas públicas y en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Este negocio particular es ilegal y le hace daño a la Ciudad.
Le hace daño a los que tienen negocios formales y que cumplen con sus obligaciones en términos de trámites y de pagos fiscales y perjudica a vecinos y ciudadanos que se ven mermados en su propiedad y en su libertad de tránsito por la abusiva explotación de estos bienes que son de todos.
Y también, es necesario reconocerlo, le hace daño a todos aquellos que sin tener alguna otra alternativa real de negocio formal, se han tenido que sujetar a la explotación y la corrupción de dirigentes y autoridades abusivas, como método de subsistencia.
Partimos del reconocimiento, sin hipocresías ni miramientos, de que el Gobierno de la Ciudad ha sido incapaz de generar empleos formales para los capitalinos en la última década y ha propiciado, con saña, con alevosía y ventaja, que este negocio de la vía pública, se convierta en un insumo de operación política.
Este negocio, beneficia a unos cuantos. Este negocio alimenta y ha alimentado a las mafias del clientelismo político y electoral de las últimas administraciones del Distrito Federal, misma mafia que también en los últimos años ha cobijado la distribución y venta de productos ilegales como la piratería, el contrabando y la pornografía infantil.
Partamos del reconocimiento de que esta apropiación de los bienes de uso común de la Ciudad, es una realidad. Existe, está ahí, evidente para todos y se ha convertido en una forma de vida para miles de personas.
El ambulantaje, los lavacoches, los franeleros y cuidacoches, los acomodadores de vehículos, los bailes populares, los solicitantes de donativos, son una realidad que trasciende a cualquier ordenamiento legal. Se calcula que más de medio millón de personas en el D.F. se dedican a ofertar bienes y servicios en la calle. Podemos estar o no de acuerdo con esta forma de vida, pero existe y es necesario tomar acciones precisas para controlar y contener el fenómeno. Para ello proponemos en esta iniciativa:
Primero, Dimensionar la realidad ¿Cuántos son? ¿En dónde están? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus horarios de funcionamiento? ¿Qué venden? ¿De dónde obtienen la mercancía? ¿Quién los representa?
Ya dimensionado, el problema debe ser ordenado y encauzado correctamente, con imagen urbana congruente, con limpieza y horarios, con productos de procedencia lícita.
El orden minimizará los efectos negativos de la informalidad. Posteriormente, será necesario detener su crecimiento exponencial por medio de la generación de políticas públicas específicas para RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS para los ciudadanos con certeza jurídica y alternativas reales de comercialización.
Si el Jefe de Gobierno ya empezó con el Centro Histórico, vamos poniéndole fecha y reglas claras, programas específicos y recursos a la recuperación de los espacios públicos de toda la Ciudad.
Vamos por la Merced, Tepito, Tacuba, Tacubaya, el Metro. Vamos por los Paraderos y Centros de Transferencia Modal. Vamos por todas las plazas públicas de la Ciudad.
Existen 2 escenarios en materia de explotación de la vía pública.
Quedarnos como estamos, y llegar a un punto en el que será imposible detener el fenómeno.
O poner un alto, con orden, con dignidad para contener el fenómeno y encauzarlo hacia la formalidad.
Proponemos que:
Toda aquella persona, física o moral, que utilice la vía pública o cualquier bien de uso común en la Ciudad de México, deberá contar con una autorización temporal y revocable por parte de la autoridad para tal efecto, además deberá pagar una contraprestación económica razonable por su utilización al Gobierno de la Ciudad.
Es indispensable acabar con las mordidas y la corrupción cotidiana.
Es indispensable que las cuotas que pagan los comerciantes a las estructuras burocráticas o de liderazgos abusivos, se direccionen a las arcas del Gobierno de la Ciudad para generar mejores políticas de control, mejor imagen urbana y mejores mecanismos para generar empleos formales.
Este dinero llega a líderes abusivos, llega a las estructuras de vía pública de las Delegaciones, e incluso llega a las precampañas y campañas de algunos partidos políticos. Esto debe terminar para generar una mejor condición en los espacios públicos y para darle un cauce institucional, alejado de los intereses y mafias corporativos y clientelares con los que se ha abordado la problemática.
Acabar con el clientelismo político y sacar de la jugada a las fuerzas políticas es el primer paso para contener el fenómeno.
Nuestra visión parte del principio de que los bienes de uso común son públicos, son de todos y nadie puede afectarlos sin una regulación específica en su propio beneficio.
La necesidad de esta regulación adquiere importancia al tratarse de bienes del dominio público del Distrito Federal, que por tanto, forman parte del patrimonio de esta Ciudad.
El contenido de la iniciativa que aquí se presenta, se ciñe al respeto irrestricto de la naturaleza y características de los bienes del dominio público. En todo momento se tiene presente que estos bienes son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio
En la presente ley, se prevé la figura de permiso para utilizar los bienes de uso común, y el acto administrativo de registro para establecer un control preciso que permita implementar políticas que disuadan la realización de ciertas actividades en la vía pública.
Acción Nacional no pretende dar una patente de corzo a quienes abusan de la vía pública. Que quede muy claro. La intención es dimensionar el fenómeno, darle orden e instrumentar políticas públicas de rescate del espacio común para que en el mediano y largo plazo, este fenómeno desaparezca paulatinamente y se integre a la economía formal.
Se busca establecer una regulación que dote de certeza jurídica a los particulares que utilizan la vía pública, señalando de manera precisa los derechos y obligaciones para ellos y para las autoridades competentes, así como las condiciones y requisitos que deben cumplir los primeros para ejercer dicha actividad. Con lo anterior, se elimina todo margen de discrecionalidad por parte de la autoridad, que ha derivado en arbitrariedad y corrupción, según demuestra la historia.
No es sorpresa para nadie lo que significa en términos de corrupción y en materia política el comercio informal.
Este ha sido utilizado como botín político por diferentes administraciones en el Distrito Federal. La tendencia no mengua, sino arrecia. Los sucesos recientes ocurridos con motivo del reordenamiento del comercio en el Centro Histórico demuestran la necesidad de contar con reglas claras en el ejercicio de esta actividad y que posibilite de manera precisa la ejecución de programas viables de recuperación del espacio público de la Ciudad.
Desde que el PRD gobierna en el Distrito Federal (1997 a la fecha) el comercio ambulante se disparó en casi siete veces, y actualmente el 60 por ciento (unos 420 mil) de los vendedores irregulares están agremiados a ese partido político.

De acuerdo con un estudio elaborado por Héctor Castillo Bertier, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 1997 había 100 mil personas en el comercio informal, incluyendo los tianguis sobre ruedas con rutas fijas.

Operaban, dice el estudio, agrupados en 13 organizaciones plenamente identificadas que mantenían sus zonas de operación de manera controlada.

Sin embargo, nueve años después, los comerciantes en las calles sumaban ya 700 mil, repartidos en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.


El aumento de organizaciones fue similar al número de comerciantes. De las trece que controlaban a los ambulantes en 1997, la cifra se infló hasta 200 al mes de mayo del 2006.

De ellas, sólo 54 son de afiliación priista y se ubican en el Bosque de Chapultepec, con 22 representantes; 17 en San Juan de Aragón; 15 en la Basílica de Guadalupe; Gustavo A. Madero, San Cosme y el Centro Histórico.

Las restantes 146 organizaciones pertenecen al PRD y grupos independientes.

En el Distrito Federal, el control de grupos de comerciantes en vía pública afines al partido político gobernante, y la corriente interna que predomina en el GDF, deja ganacias diarias por cinco millones de pesos.

Esto quiere decir que, la corriente perredista obtiene un millón y medio de dólares al año, pues controla, cerca de 100 mil ambulantes, a quienes les cobran cuotas de al menos 50 pesos diarios.
Se plantea que la presente ley sea de orden e interés público porque la posesión de bienes del dominio público por parte del Distrito Federal, es asimismo, de interés social e interés público. La recuperación administrativa de la posesión de estos bienes es inmediata y no admite suspensión del acto.
La protección sobre los bienes del dominio público se hace extensiva en esta ley para establecer de manera clara que los permisos y autorizaciones sobre bienes del dominio público no crean derechos reales; “otorgan simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el título de concesión, el permiso o la autorización correspondiente”.
Se establece la obligación, a cada Delegado, de escuchar a vecinos, comerciantes e Institutos de Antropología e Historia y de Bellas Artes. Las opiniones de los vecinos, comerciantes e institutos arriba señalados serán más fructíferas, porque les permitirán una mayor participación, por demarcaciones territoriales, en los programas delegacionales, que si se perdieran en una generalización adaptable para una ciudad tan grande como la nuestra. La recepción de opiniones y consultas vecinales, en todo caso, deberá ceñirse a los términos previstos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Siguiendo con el objeto de esta ley, se establece la protección de manera expresa hacia los mercados públicos, a efecto de eliminar todo margen de discrecionalidad o interpretación por parte de la autoridad. (200 metros)
En conclusión, esta iniciativa no pretende ni consolidar, ni incentivar, ni motivar la utilización de la vía pública por particulares, mas bien, busca reconocer la realidad, reconocer el problema y ordenar el fenómeno rumbo a su erradicación en el mediano plazo.
No olvidemos que ya existen diversos ordenamientos en la materia en el Distrito Federal que no han sido de utilidad para mejorar la realidad y que en toda la República Mexicana existen reglamentaciones específicas que han ido resolviendo el problema. Vale la pena mencionar los programas existosos de reordenamiento del ambulantaje en municipios como Querétaro, León, Morelia, Tijuana…
Para Acción Nacional es prioritario dar salidas específicas al comercio informal con un programa real de ordenamiento y recuperación de la vía pública con certeza jurídica, con transparencia y con opciones reales para quienes de buena fe, se dedican a comerciar productos y servicios en bienes de uso común.
Sacar de la sombra , de lo obscurito a esta realidad lacerante de la ciudad, para terminar con la práctica clientelar y corporativa que alimenta y fomenta el actual sistema político que gobierna al Distrito Federal.
Ahí en lo obscurito es en donde se dan los abusos, en esa persecución diaria de inspectores de vía pública, en ese sangrar y mermar al comerciante con cuotas diarias y abusivas, se venda o no, se tenga suficiente para llevar el pan a la mesa del hogar o no.
Ahí se dan los abusos, ahí se da el condicionamiento. O das la cuota y te entiendes con la autoridad o con el líder, o te vas a tu casa.
O participas en la marcha, mítin o plantón, o te afilias al Partido, o votas por este o aquél candidato, o te vas a tu casa.
En la medida en la que liberemos del yugo burocrático-partidista a quienes utilizan la vía pública para vivir, en esa proporción lograremos eliminar uno de los principales incentivos que posibilitan y motivan a la economía informal.
Sabemos que ya el Jefe de Gobierno ha iniciado un importante programa de ordenamiento de la vía pública en el Centro Histórico. Reconocemos este esfuerzo pero consideramos que es insuficiente e incompleto mientras no genere una política integral de ordenamiento y recuperación de la vía pública en toda la Ciudad de México.
Exigimos padrones reales. Exigimos certeza jurídica. Exigimos permisos individualizados y en congruencia con ello, es que presentamos esta iniciativa.
Sabemos también que habrá actores sociales y políticos que presentarán iniciativas en esta materia para dar salida a cientos de miles de personas que han decidido tener a la economía informal como único medio de subsistencia.
Acción Nacional está dispuesto a entrarle a este debate sin hipocresías y sin compromisos políticos con nadie.
Con el único objetivo de recuperar para los ciudadanos lo que es suyo: Los espacios públicos de tránsito y convivencia.

30 de octubre de 2007, 12:46

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